La subsecretaria de Conservación y Áreas Protegidas de Chubut explicó los alcances de la Resolución provincial que ordena la habilitación inmediata y transitoria de los accesos a la Pingüinera y Caleta Valdés. Bravo subrayó que la medida busca garantizar el uso público y la protección de la fauna tras el cierre unilateral de la familia Ferro, aclarando que la cuestión de fondo sobre la propiedad se dirimirá en la justicia, pero que el Estado no podía «mirar hacia otro lado» ante una afectación que daña al turismo y a la infraestructura oficial del área protegida.
Tras la firma de la Resolución que dispuso la reapertura de los senderos en Península Valdés, Nadia Bravo detalló que la decisión se tomó luego de agotar las instancias de diálogo con los propietarios de la Estancia Ferro. La funcionaria destacó que el objetivo primordial es proteger el patrimonio de la humanidad y asegurar que los visitantes puedan acceder de forma ordenada y segura a recursos que supieron ser públicos de hecho por más de dos décadas. El operativo de apertura, que contó con el acompañamiento de la fuerza pública para certificar el cumplimiento de la norma, ya se encuentra operativo, permitiendo que el circuito turístico recupere uno de sus puntos más concurridos en plena temporada.
Garantizar el uso público
Bravo explicó que la resolución es una herramienta administrativa necesaria ante la falta de acuerdos previos. Al respecto, señaló: «Se resuelve luego de haber buscado varias alternativas de manera armoniosa, pacífica… y bueno, ante este cierre unilateral por supuesto que nosotros no podemos ser ajenos ni mirar hacia otro lado». En ese sentido, enfatizó que la prioridad del Ministerio de Turismo es mantener la operatividad del sistema: «Es una medida administrativa para poder garantizar el uso público de los miradores, para nosotros es una decisión más que nada para garantizar el uso público y así como se viene haciendo ininterrumpidamente durante más de 20 años».
La funcionaria también puso de relieve el valor de la inversión estatal en el área, indicando que «no solo hablamos del uso público que tuvieron siempre estos miradores sino también hablamos de la infraestructura que obviamente esa infraestructura está integrada a todo el circuito que tiene la península».
Prioridades del Estado: Conservación y Orden
Frente a la postura de los propietarios, la subsecretaria fue categórica sobre qué intereses deben prevalecer en un Área Natural Protegida. «Dejar bien en claro también que acá tenemos tres puntos como para destacar: hay mucho interés público, estamos hablando de la conservación de la fauna y queremos un uso ordenado del lugar y todas esos tres puntos consideramos que están por encima de cualquier decisión individual que se pueda tomar», sentenció Bravo en diálogo con Radio Chubut.
Asimismo, defendió el accionar de la gestión frente a las críticas por los tiempos de respuesta: «Nosotros estamos haciendo, estamos actuando y hablamos cuando hay que hablar y creo que acá el trabajo en conjunto que se hizo no solo con la Administradora sino también con el sector privado, el objetivo principal de esto es cuidar el área».
La vía judicial y las negociaciones fallidas
Respecto a la disputa por la titularidad de las tierras, Bravo aclaró que la resolución no busca resolver el dominio registral, sino el uso funcional. «Lo que queremos dejar claro es que con esta resolución no se miden ni se definen cuestiones de propiedad ni mucho menos; entonces tendrán instancias judiciales que obviamente se instruye para que eso se pueda dar inicio que ya se viene trabajando».
Según la resolución oficial, la Administración Península Valdés tuvo en posesión de forma continua y pacífica los miradores por más de veinte años, lo que configura un derecho de dominio adquirido.
Finalmente, Bravo recordó que se intentó llegar a un acuerdo económico que no prosperó debido a las exigencias de la familia Ferro. «Hubieron propuestas del Estado, propuestas de la Administradora y propuestas de los propietarios de campo y no se llegó a ningún acuerdo»
