El abogado local, representante de clubes de pesca y pescadores artesanales, calificó como un «atropello» el cierre de los accesos a los miradores de la pingüinera en Caleta Valdés por parte de la administración de Estancia Ferro. Ante lo que considera una inacción del poder político para defender las inversiones del Estado en el área, el letrado advirtió que la vía judicial es el camino inminente para garantizar el derecho al acceso público, denunciando además pretensiones económicas de 7.000 dólares mensuales por parte de los propietarios.
En medio de la controversia por el bloqueo de caminos en la Península Valdés, el doctor Daniel Gómez Lozano analizó las alternativas legales frente a la decisión de la familia Ferro de restringir el paso de turistas y agencias de viaje. Según el abogado, el Estado supo realizar importantes inversiones en senderos, estacionamientos y cartelería en el lugar, lo que le otorga un carácter de uso público consolidado por más de 20 años.
Gómez Lozano también señaló que, si las gestiones de los funcionarios no logran destrabar el conflicto, la solución deberá buscarse en los tribunales mediante una acción de amparo que proteja el interés colectivo, al igual que sucedió en el caso de Bahía Cracker y Pardelas. «Es de hecho un lugar público… porque se accede públicamente, porque el Estado ha hecho una inversión en el lugar y porque desde hace más de 20 años este vamos al lugar, los turistas acceden, las empresas de viaje pueden llevar a su a las personas y hay un sistema de protección del área a través de guardafauna», subrayó.
Las dos vías de solución
Respecto a cómo proceder ante este cierre, Gómez Lozano detalló que existen dos caminos posibles: «Una es una salida política, que es que obviamente personal de guardafauna tiene que ir al lugar, labrar un acta, levantar un sumario por lo que se está haciendo e infraccionarla, sancionarla y mandar a destruir el cerramiento que hizo a su cuenta», explicó el abogado.
Sin embargo, ante la falta de resultados en la gestión política, el letrado planteó la alternativa judicial: «Si no funciona la política, que hace rato que no está funcionando, no queda otra posibilidad que una acción de amparo para que sea la justicia la que disponga la apertura del acceso público nuevamente al lugar».
«Entendemos claramente que se trata de un avasallamiento, de un atropello, que es un lugar de interés público y de acceso público y que bueno que está claramente hay una ilegitimidad en la medida que tomaron», describió.
Pretensiones económicas e interés público
El abogado reveló que detrás del cierre existe un trasfondo financiero. Según los datos brindados por el abogado, la apoderada de la estancia, Susana Cereijo, presentó una nota solicitando un canon para permitir el paso: «Ella pide 7.000 dólares por mes, lo que sería algo así como unos 90.000 dólares anuales para permitir el ingreso del público al lugar». Al negársele esta posibilidad desde el Ministerio de Turismo, se procedió al cierre de los caminos.
Gómez Lozano criticó la postura de los propietarios, señalando que actúan con un «abuso de poder que lamentablemente es permitido por el Estado» y «se manejan como patrones de estancia. Dando los pasos, carajeando a la gente, maltratando a los bañistas… y evidentemente con un abuso de poder que lamentablemente es permitido por el Estado. Ese abuso de poder es tolerado y esto es lo que está mal»
Asimismo, recordó que los dueños tienen herramientas legales para reclamar indemnizaciones si consideran afectado su dominio, pero no las utilizan: «Tienen una posibilidad legal de accionar que se llama la expropiación inversa… pero claro que ellos no lo practican eso. No van al tribunal y ejercen sus derechos ni nada».
Precedentes y el rol del Estado
Para el letrado, este conflicto no es un problema entre particulares, sino una cuestión de Estado. «Esto no es un problema de una agencia de viajes con la dueña del campo, ni de un pescador deportivo con el dueño del campo. Es un problema del Estado que tiene que garantizar el acceso público», afirmó, destacando que el interés general debe prevalecer sobre el derecho a la propiedad en áreas de conservación.
Como antecedente fundamental, citó el caso de Playa Cracker, donde la justicia provincial ya determinó que el acceso a las costas es público y debe ser garantizado por el Estado.
Gómez Lozano concluyó advirtiendo que, al estar marginados de las reuniones políticas, su organización solo tiene como recurso la vía judicial: «Nosotros estamos marginados absolutamente de esto y como organización lo único que podemos llevar a cabo son pretensiones de la justicia».
