La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo otorgó una extensión limitada de las autoridades vigentes del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) para garantizar la continuidad institucional y la libertad sindical, tras la suspensión de los comicios de diciembre. Sin embargo, el tribunal impuso un plazo estricto de 45 días y advirtió con multas de un millón de pesos diarios en caso de nuevos incumplimientos o intentos de prórroga de hecho.
En una reciente resolución judicial a la que tuvo acceso REDES AL MAR, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo decidió intervenir en la crisis institucional del SOMU para evitar un escenario de vacío de poder que perjudique a la entidad y a sus afiliados. Los jueces Alejandro H. Perugini, Diana R. Cañal y Mario S. Fera resolvieron otorgar una prórroga de los mandatos actuales por el término de 45 días, contados desde el vencimiento de los cargos que debían renovarse originalmente. Esta medida surge como respuesta a la solicitud de la parte demandada (el sindicato) y busca resguardar la seguridad jurídica y la autonomía del funcionamiento gremial mientras se resuelven las impugnaciones de fondo.
La decisión del tribunal es una fuerte advertencia hacia la conducción del SOMU, dado que el plazo otorgado es menor a los 90 días que había propuesto inicialmente el Dr. Perugini. La jueza Cañal, cuyo voto fue determinante, fundamentó la reducción del plazo en la «reticencia de la demandada al cumplimiento de la orden impartida» anteriormente por el tribunal, en referencia a la suspensión de las elecciones que no fue acatada plenamente en todas las seccionales. El juez Fera coincidió en que este período es suficiente para que el sindicato adopte una conducta de estricto cumplimiento de lo ordenado judicialmente.
PLANTEOS DE NULIDAD DE LA ELECCION
Bajo este marco legal, la justicia también se encuentra analizando diversos planteos de nulidad sobre la elección realizada en diciembre, así como una denuncia por redargución de falsedad contra la actuación de un escribano público involucrado en el proceso. Para garantizar la transparencia, el tribunal dispuso que se sustancien las providencias correspondientes con la Junta Electoral del SOMU. Estos pasos procesales resultan clave para determinar la legitimidad o ilegitimidad de las medidas impugnadas durante los comicios que la justicia había ordenado suspender preventivamente.
Finalmente, el fallo establece una sanción económica severa en caso de que la conducción gremial intente extender sus mandatos «de hecho» o sin autorización judicial previa. La resolución impone el apercibimiento de aplicar astreintes (multas) de un millón de pesos ($1.000.000) por cada día de incumplimiento. Con esta medida, la Cámara busca forzar la regularización democrática del gremio y asegurar que el derecho de los trabajadores a un proceso electoral limpio y legítimo no sea vulnerado nuevamente.
