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    Agencias denuncian que la administradora de Estancia Ferro busca cobrar por el uso de caminos en Península Valdés

    5 de enero de 2026
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    • Por Redacción Madryn
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    El titular de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo manifestó su inquietud ante la decisión de la apoderada Susana Cereijo de restringir el acceso a miradores históricos. Denunció pretensiones económicas «inviables» y la falta de inversión en los sitios, mientras el sector evalúa pasos legales a seguir.

    Una vez más la amenaza del cierre de caminos dentro de Península Valdés que dirigen a miradores históricos pone en jaque a todo el sector turístico de la región. La decisión de hacerlo ya la hicieron saber desde la familia Ferro, propietaria de grandes terrenos en la Península, y la fecha límite de la decisión sería este lunes 5, aunque hay en el sector quienes confían en que se pueda dar marcha atrás en la decisión tomada.

    Santiago Sussanich, representante del sector de agencias de viajes, expresó su profunda preocupación por la decisión de la firma Estancia Ferro, representada por Susana Cereijo, de cerrar caminos internos que conducen a miradores emblemáticos de la Península Valdés. Sussanich señaló que estos accesos, históricamente públicos y cuidados por el sector turístico, corren el riesgo de ser clausurados bajo pretensiones económicas que calificó de «sin sentido» dado que no existe una inversión o servicio que las respalde. Ante esta situación, el sector se mantiene en alerta, consultando con asesores legales y aguardando la actualización del plan de manejo que incluya estos sitios estratégicos para el patrimonio de la región.

    La preocupación del sector turístico

    En diálogo con la prensa, Santiago Sussanich detalló el impacto negativo que genera esta medida para la oferta turística de la zona: «La verdad que el cierre de estos lugares nos va quitando los productos que tenemos dentro de la península, los lugares que tenemos para visitar». Asimismo, subrayó el valor histórico y el compromiso de los prestadores con estos espacios: «Son lugares que hace muchos años son de acceso público, se cuidan mucho. La verdad es que todos los que trabajamos en el sector los cuidamos mucho porque los valoramos y entendemos que es parte de los atractivos que tenemos en la península».

    Si bien Sussanich reconoció que el reclamo se ampara en el derecho de propiedad de la familia Ferro, cuestionó la naturaleza de las exigencias planteadas por su apoderada: «Las propuestas fueron variando de parte de ellos… ha ido cambiando propuestas económicas a trabajo y la verdad es que no se entiende bien por qué. Es un lugar que, si hacemos un poco de historia, habían nacido justamente por la necesidad de la familia Ferro de ordenar ahí».

    Críticas a la falta de inversión y pretensiones económicas

    Uno de los puntos más polémicos de la controversia gira en torno a un posible pago mensual para habilitar los caminos y permitir el paso. Al respecto, Sussanich fue categórico: «Eso fue un planteo en un momento. Algo inviable para la administradora; algo que sin sentido porque además sin ningún tipo de inversión ni de trabajo en el lugar».

    El titular de la asociación comparó la situación con otros emprendimientos de la península que sí ofrecen infraestructura: «A veces se los compara con otros proyectos turísticos que hay dentro de la península que tiene un montón de inversión, que tienen servicios y esto no estamos hablando de lo mismo… No hay ninguna propuesta de trabajo. Lo único que se quiere es explotar, o sea, sacar un rédito económico de algo que ya está hecho. Es decir: te dejo el lugar, vos armás proyecto, traés gente, todo y después te vas, ahora quiero que me pagues».

    Marco legal y futuro del área

    Sussanich explicó que el conflicto se origina, en parte, porque estos sitios quedaron fuera del ordenamiento vigente. «Lo que sucedió fue que estos sitios fueron quedaron fuera del plan de manejo en su momento y por eso se está trabajando en la actualización del plan de manejo también, donde se prevería incluirlos».

    Ante la falta de un acuerdo claro y la incertidumbre que genera en la comercialización de paquetes turísticos, el sector decidió buscar asesoramiento jurídico. «Estamos viendo con un abogado para poder tener más detalles de todo y estar todos en la misma. Ellos plantean sus problemas también en otras áreas en las cuales tienen razón, pero bueno, ellos tienen sus derechos y tienen sus obligaciones».

    Finalmente, el dirigente destacó que, aunque hay una comunicación constante con el Ministerio de Turismo y buena voluntad de las autoridades actuales, la falta de previsibilidad afecta al trabajo a largo plazo. «Lo bueno es que nos escuchan y eso nos ayuda a poder seguir laburando, pero son muchas cosas», concluyó, remarcando la necesidad de que la buena voluntad se traduzca finalmente en hechos concretos para el sector.

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