El crecimiento del avistaje de delfines en las aguas del Golfo Nuevo reactivó la discusión sobre la necesidad de establecer reglas claras para la actividad, aunque la posibilidad de limitar embarcaciones despierta cuestionamientos por el riesgo de consolidar un negocio concentrado en pocos operadores y restringir el derecho de los vecinos de Puerto Madryn a navegar con sus propias lanchas.
En los últimos años, el avistaje de delfines se expandió con fuerza y se transformó en una nueva alternativa turística en la ciudad. Ese avance, sin embargo, dejó en evidencia la ausencia de un marco regulatorio específico, una situación que genera incertidumbre tanto en el sector como entre investigadores que estudian el impacto de la actividad sobre la fauna marina.
La Cámara Patagónica de Empresas de Avistaje de Ballenas y Fauna Marina (CAPEA) se apoya en los señalamientos realizados por científicos del CENPAT, quienes plantearon la necesidad de fijar un número máximo de embarcaciones operando en simultáneo para evitar perturbaciones en la población de delfines. No obstante, trasladar ese criterio a una normativa concreta abre un escenario complejo.
El principal dilema radica en que una eventual limitación de lanchas, sin un respaldo legal claro y consensuado, podría derivar en un sistema cerrado que favorezca a un grupo reducido de empresas ya habilitadas, dejando afuera tanto a nuevos prestadores como a vecinos que utilizan embarcaciones propias para navegar y observar fauna de manera recreativa.
De hecho, los vecinos de Puerto Madryn ya conocen muy bien las limitaciones de navegación en el Golfo Nuevo durante todos los meses de la temporada de ballenas, solo para no molestar el negocio de los balleneros de Puerto Pirámides.
Hoy no existen herramientas jurídicas que permitan restringir el número de lanchas y preohibirle a tal o cual que no puede brindar navegar y brindar el servicio, y es lo que desde las prestadoras, están trabajando para revertir. Buscan sellar que un estudio integral sobre las actividades náuticas en el Golfo Nuevo, financiado con un préstamo internacional gestionado por la Provincia, termine de dar cuénta el número final de lanchas que pueden soportar los delfines y eso convertirlo en una ley que regule la actividad.
Pero el análisis incluirá no solo el avistaje de delfines, sino también prácticas como buceo, canotaje y stand up paddle, con el objetivo de definir la capacidad de carga del área. Y definir también si es necesario o no el pago de un cannon a la Provincia al estar haciendo un uso comercial de un bien público.
En ese contexto, cualquier intento de regulación apresurada podría afectar la libre navegación en el Golfo Nuevo, un espacio históricamente utilizado por la comunidad local.
La intención oficial es contar con información técnica que permita establecer reglas equilibradas: proteger la fauna sin generar un esquema excluyente ni poner en riesgo el acceso público al mar. El desafío será encontrar un punto de equilibrio entre la conservación ambiental, el desarrollo turístico y dejar de privatizar el Golfo Nuevo para unos pocos.
